¿Qué se ha hecho en el IMSS en cuanto a la salud mental de los derechohabientes en la pandemia por COVID-19?

Resumen

Hoy en día la salud mental ha adquirido mayor relevancia y atención como consecuencia principalmente de la pandemia por COVID-19, a la cual se le atribuye un impacto negativo en el desarrollo de la vida, el trabajo y la convivencia social de las personas, todo esto aunado a la magnitud derivada de los padecimientos no transmisibles. Es por eso que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se elaboró el Programa Integral de Salud Mental 2021-2024, cuyo principal propósito fue establecer estrategias y líneas de acción para la prevención, detección temprana y manejo oportuno respecto a la salud mental y adicciones. A partir de ello se han materializado diferentes acciones, entre las que destaca la identificación de los recursos materiales y humanos con los que cuenta el IMSS para atender esta necesidad; la capacitación del personal de salud de los tres niveles de atención; la integración de un censo que ha reportado una prevalencia de ansiedad y episodio depresivo en la población derechohabiente de 39.9 y 3%, respectivamente, y la evaluación de instrumentos para realizar tamizajes de trastornos mentales. Por lo anterior, en este documento se describe lo que se ha hecho en el IMSS en relación con la salud mental de la población derechohabiente en el contexto de la pandemia por COVID-19.

¿Qué se ha hecho en el IMSS en cuanto a la salud mental de los derechohabientes en la pandemia por COVID-19?

Si bien la salud mental antes de la pandemia COVID-19 ya era un problema prioritario de salud pública, su impacto se acrecentó particularmente durante el 2021. ¹ La depresión y la ansiedad, como los principales trastornos mentales reportados a nivel global, aumentaron hasta en 25%, ¹ lo que impulsó, a su vez, una demanda de servicios de salud sin precedentes. La importancia de los trastornos mentales radica en el impacto negativo en aspectos tan esenciales como el funcionamiento de las personas en el entorno al que pertenecen, la calidad de vida, las muertes prematuras y los años perdidos por discapacidad; ¹ tan solo en 2019, la depresión y la ansiedad representaron el 12.6 y 10.4%, respectivamente, del total de años vividos con discapacidad en mujeres y hombres del grupo de 15 a 49 años, que es la mayor magnitud, dicho sea de paso, en comparación con los demás. ²

En consonancia con lo anterior, la salud mental representa también un tema prioritario de salud pública en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Según los principales motivos de consulta en unidades de medicina familiar (UMF) que se reportaron en el 2021, los trastornos mentales y del comportamiento se colocaron en el lugar 11 en población de 20 a 59 años, mientras que en adultos de 60 años o más ocuparon el lugar 9; ³ y fue en el primer nivel donde se registró hasta el 77% (n = 2,926,405) de la carga de atención de trastornos mentales y del comportamiento. ³

En razón de ello, en el año 2021 se elaboró el Programa Integral de Salud Mental 2021-2024 (PISM), ⁴ con el propósito de establecer estrategias y líneas de acción para resolver las necesidades de la población derechohabiente con trastornos mentales y del comportamiento, ya sea preexistentes o de reciente diagnóstico como consecuencia de la pandemia COVID-19, y así garantizar el acceso a los servicios de salud mental.

Por lo tanto, dicho programa implicó cambios sustanciales no solo en los modelos de atención y servicios de salud del IMSS, sino también la ejecución de acciones de promoción de salud mental, intervenciones psicoeducativas, diseño e implementación de instrumentos de orientación y práctica médica, disponibilidad de tratamientos antidepresivos y ansiolíticos en los tres niveles de atención, mejoras en los sistemas de información, capacitación del personal de salud, entre otros más. Así, las estrategias en referencia han sido orientadas esencialmente a intervenciones tempranas, prevención y promoción de la salud en la población derechohabiente.

En este contexto, y a manera de ejemplo respecto a lo que se ha logrado y continúa realizándose desde la presentación del PISM, ⁴ podemos destacar que por primera vez se hizo un diagnóstico situacional de manera integral respecto a los recursos humanos, infraestructura y capacidad instalada para atender las necesidades de salud mental; se capacitó a personal de salud no especializado en la guía de intervención mhGAP para trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias, en colaboración con la Secretaría de Salud y el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS); se implementaron intervenciones educativas en los tres niveles de atención, pero con énfasis en personal del primer nivel, dada la mayor carga de atención de salud mental reportada en 2021; también se integró un censo de trastornos mentales y del comportamiento (2021), ⁵ cuyos resultados iniciales permitieron identificar que la prevalencia de ansiedad y episodio depresivo en la población derechohabiente del IMSS fue de 39.9 y 3%, respectivamente.

Al mismo tiempo, se evaluó la concordancia del instrumento conocido como Patient Health Questionnaire (PHQ) 4 + PHQ-TP, ⁶ con el propósito de aplicar tamizajes de trastornos mentales para favorecer no solo la atención médica oportuna, la prevención del deterioro funcional y de la discapacidad, sino también la identificación temprana de problemas de salud mental en un nivel más desagregado, esto es, por medio del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y la UMF. Así, mediante una muestra representativa de 749 derechohabientes de las OOAD Aguascalientes y Coahuila (región Norte), se encontró que los trastornos mentales con mayor frecuencia fueron ansiedad (14.6%), trastorno de pánico (12.9%) y depresión (11.9%), cuya edad promedio reportada fue 41.7, en tanto que el 8% de la población derechohabiente reportó que padecía ansiedad y depresión.

Esto resulta de especial importancia no solo porque coincide con la tendencia observada a nivel global, mencionada con antelación, sino porque recientemente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) reportó una prevalencia de sintomatología depresiva de 16.1% en la población adulta, con valores superiores en mujeres en comparación con población masculina. ⁷ Más allá de que los resultados reportados en el IMSS y la ENSANUT son similares, resaltan, a su vez, la necesidad de atender la salud mental de uno de cada 10 mexicanos y, mejor aún, prevenir sus posibles repercusiones. Adicionalmente, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Secretaría de Salud y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) se desarrolló el Congreso Internacional de Salud Mental, cuyo lema fue “Plantar banderas y hacer aliados”, con el objetivo de coadyuvar en el proceso de implementación del PISM en el IMSS.

Por lo antes expuesto, queda claro que en el IMSS los esfuerzos y acciones están orientados a resolver los problemas emergentes de salud pública, algunos de los cuales se incrementaron como consecuencia de la pandemia por COVID-19, pero también aquellos que requieren la implementación de nuevos instrumentos de planeación institucional, como es el caso de la salud mental, con el propósito de disminuir el estigma, la discriminación y el deterioro de las personas con trastornos mentales, ⁴ al igual que garantizar la oferta y acceso a los servicios de salud mental.