La guerra de los Estados Unidos contra la inmigración. Efectos paradójicos

Abstract

At the end of the 1950s, the United States permitted the entry of a half million Mexican migrants per year, of which 450.000 entered with temporary work visa and 50.000 as permanent residents. By the mid-1970s, however, changes in U.S. migration policy undertaken in the name of civil rights had eliminated temporary work visas and limited legal resident visas to 20.000 per year. With the opportunities for legal entry curtailed, migratory flows simply re-established themselves under undocumented auspices, giving rise to a chain reaction that culminated in a new war on immigrants and the unprecedented growth of the unauthorized population of the United States. The article shows that the rise of undocumented migration and the growth of America’s undocumented population are a product of poorly conceived immigration and border policies.

La política migratoria de Estados Unidos con frecuencia tiene poco que ver con tendencias y patrones de inmigración por paradójico que parezca. Si bien las políticas responden de manera explícita a cambios en la inmigración, rara vez están cimentadas en correspondencia real con las fuerzas que gobiernan la migración internacional. No hay duda que, a lo largo del tiempo, las restricciones relativas de las políticas de inmigración de Estados Unidos han estado influenciadas fuertemente por las circunstancias predominantes tanto en lo económico como en lo ideológico (Timmer y Williamson 1998; Massey 1999; Meyers 2004). Los inmigrantes, en especial en Estados Unidos, llevan a cuestas un peso simbólico y significativo en la narrativa del pueblo americano (Smith, 1997, 2003) y su imagen en los medios de comunicación, el retrato divulgado por los políticos y el trato en la legislación, más bien pone al descubierto las aspiraciones y esperanzas de Estados Unidos – así como sus miedos e inseguridades- que lo relacionado con la inmigración como tal (Tichenor 2002; Ngai 2003).

Las actitudes y políticas en contra de los inmigrantes han sufrido altos y bajos en el curso de la historia de Estados Unidos (Zolberg 2006). El país se encuentra inmerso en un momento indudablemente xenofóbico que muestra el clima en contra de los inmigrantes no vivido tal vez desde los años 1920 (Massey y Sánchez 2010). En una encuesta llevada a cabo en 2006, la mitad de los adultos estadounidenses opinaba que “los inmigrantes eran una amenaza para los valores del país” y que “la población debía estar protegida para enfrentar la influencia extranjera” mientras que en el año 2000 únicamente el 38% de la población pensaba que los inmigrantes eran “una carga para nuestro país”. En 2006, pues, este sentimiento se había convertido en opinión mayoritaria (Kohut y Suro 2006). Bajo estas circunstancias, no fue ninguna sorpresa cuando en 2010, año en que la legislatura del estado de Arkansas aprobó un paquete de medidas en contra de los inmigrantes, que casi el 60% de la población del país diera su consentimiento a tal medida (López et al. 2011).

El estado de Arizona no es, de ninguna manera, el único estado contrario a la inmigración. Los proyectos de leyes relacionados con inmigrantes presentados en las legislaturas estatales entre 2005 y 2010 se dispararon de 300 a 1.538, y el número de proyectos de ley aprobados ascendieron de 36 a 346 (National Council of State Legislatures 2011). Al aumento de legislaciones a nivel estatal siguió una expansión previa e impresionante de las medidas de aplicación de la ley migratoria a nivel federal (Massey, Durand y Malone 2002; Massey y Sánchez 2010). Por ejemplo, de 1986 a 2009, el número de agentes de la Policía Fronteriza aumentó en 5.5 veces, las horas invertidas en el patrullaje de la frontera en 8.6 veces, las deportaciones casi alcanzaron el factor de 16, y el presupuesto de la Patrulla Fronteriza aumentó 23 veces (Massey 2011).

Los inmigrantes perciben con claridad la creciente hostilidad en contra de ellos. El 50% de las personas inmigrantes de origen latino entrevistadas en 2010 sabían que no eran aceptadas como inmigrantes como cinco años antes (López, Morín y Taylor 2010); y los delitos de odio en contra de los hispanos ascendieron un 40% de 2003 a 2008, de 426 a 595 delitos en únicamente cuatro años (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, 2004, 2009). En 2006, el 70% de los inmigrantes latinos observaban la discriminación en contra de los hispanos como un problema mayor en Estados Unidos; el 68% estaba preocupado por ser deportado y, el 35% sabía de alguien que ya había sido deportado (Kohut y Suro 2006). Rosen (1995) se ha referido al surgimiento de las políticas en contra de los inmigrantes que comenzó hacia finales de los años 1980 como una nueva “guerra contra los inmigrantes”.

Este repunte no surgió, desde luego, en un vacío económico y social. Aquí argumentamos que los orígenes de la actual xenofobia pueden rastrearse en las ominosas decisiones tomadas durante la mitad de los años 1960. Tales decisiones, promulgadas por razones más que elogiables pero desconectadas de cualquier valoración real de sus probables efectos sobre la inmigración, redujeron drásticamente las rutas legales de entrada de latinoamericanos a Estados Unidos en general y de mexicanos en particular. A partir de entonces, los programas de entrada legal de trabajadores temporales, bien establecidos bajo del Programa Bracero (1942–1964), sencillamente los reafirmaba como indocumentados, dando lugar al aumento de la migración ilegal. Aunque no hubo un crecimiento real del volumen total de entradas desde México, la incursión de la inmigración ilegal en masa ofreció una oportunidad de oro para la burocracia empresarial y para políticos con aspiraciones para presentar la inmigración como una amenaza grave para la nación, y con ello movilizar y capitalizar el aumento de ese sentimiento en contra de los inmigrantes para sus propósitos políticos. Dado que los indocumentados eran “ilegales”, por definición eran “criminales” e “infractores”, con todas las connotaciones subjetivas y atribuciones sociales asociadas a tales términos.

Los términos “ilegal” e “indocumentado” prácticamente se han convertido, en la opinión general, en sinónimo de mexicanos y latinos (Lee y Fiske 2006; Dick 2011). En la retórica pública y en las declaraciones de los medios de comunicación, se pasan por alto día a día las diferencias entre los migrantes legales y los ilegales. Durante los años 1970 y 1980 los inmigrantes latinos se transformaron en un grupo simbólico y convenientemente utilizado para aumentar el pánico moral de aquellos cuya fuerza política podría ser utilizada para acumular poder y asegurarse recursos administrativos (Chávez 2001; Massey 2007; Flores, Vidales, Plemons, 2011). La construcción de los inmigrantes latinos como amenaza originó el despertar de un electorado y la puesta en marcha de leyes restrictivas a la inmigración y políticas más duras en la frontera, que aumentaron el número de detenciones de inmigrantes, justificaron nuevas restricciones y acciones en la aplicación de la ley migratoria. Estas restricciones dieron pie a más detenciones, que justificaron la necesidad de acciones más rigurosas e impositivas y produjeron un ciclo de retroalimentación que impulsó los esfuerzos por aplicar la ley, a pesar de que el volumen implícito de indocumentados había llegado a su límite más elevado e incluso ya iba en descenso.

Una vez que el ciclo aplicación de la ley-detenciones-aplicación de la ley quedó afianzado, una serie de ataques terroristas externos aceleraron la guerra contra los inmigrantes combinándola con la recién declarada “guerra contra el terror”, situación que aceleró la adopción de medidas en la frontera para aplicar la ley, a la vez que se añadía una nueva dimensión a las imposiciones internas para aplicar la ley, que aumentaron drásticamente la cifra anual de deportaciones. Específicamente, la Ley Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act de 1996 y la Ley USA PATRIOT Act de 2001, impulsaron exponencialmente los ya extendidos esfuerzos por aplicar la ley a niveles nunca vistos y que aún prevalecen, con consecuencias poderosas pero grandemente desapercibidas sobre las pautas y procesos de inmigración reinantes.

Los efectos paradójicos de las reformas a los derechos civiles

Como se hizo notar al comienzo del trabajo, los cambios en las políticas sobre migración en Estados Unidos reflejan, con frecuencia, las esperanzas y aspiraciones de los estadounidenses, así como sus miedos y recelos, sin tomar en cuenta las tendencias subyacentes sobre el hecho migratorio. Los miedos y temores de la población que prevalecían en los años 1920, dieron lugar, sin duda, a la aprobación de una cuota de leyes restrictivas. En respuesta a la creciente desigualdad y corrientes predominantes de racismo científico, xenofobia e inseguridad ideológica desatadas por el surgimiento de la Unión Soviética, las Quota Acts de 1921 y 1924 buscaron reducir el número de inmigrantes hacia Estados Unidos y desplazar sus orígenes desde los países del Sur y del Este de Europa al Norte y Oeste Europeos, a la vez que se mantenía una total prohibición sobre la inmigración procedente de Asia y África.

Por contraste, las esperanzas y aspiraciones fueron el Zeitgeist de los años 1960 que llevó a reformas de liberalización y a una gran apertura. En el contexto del incipiente movimiento de derechos civiles, las cuotas discriminatorias, las prohibiciones a la entrada de negros y la entrada de asiáticos eran vistas como intolerancia racista, razón por la cual fueron derogadas por el congreso en 1965. Además, a mediados de los años 1960, el Congreso eliminó el Programa Bracero, considerado como un régimen de explotación laboral que contaba con el apoyo de los aparceros del sur, con las furiosas objeciones de México (Calavita 1992; Massey, Durand, y Malone 2002).

Ambas acciones fueron percibidas en su momento como reformas a los derechos civiles y no como cambios de las políticas migratorias. Estados Unidos se acercaba en1965 al final del “largo paréntesis” relacionado con la inmigración (Massey 1995). De hecho, como eran pocos inmigrantes que se asentaban en Estados Unidos, el porcentaje de nacimientos de población nacida en el extranjero bajó en 1970 a menos del 5% por primera y única vez en la historia del país. Como resultado, la inmigración no fue un asunto importante en 1965 y, en consecuencia, no se prestó atención a la influencia que las reformas de 1965 podrían tener en las pautas y procesos de inmigración. A tal extremo que los legisladores enfocaron toda su atención en las consecuencias que podía comportar reabrir las puertas a la inmigración procedente de Asia, y no en los efectos potenciales de la migración proveniente de América Latina.

No obstante, por debajo del radar de la conciencia pública y política, la inmigración procedente del Hemisferio occidental² había aumentado sistemáticamente a partir de 1945, en especial la de México. La cuota más significativa de este movimiento era temporal y circular y, por consiguiente, casi invisible a la población. Durante el periodo de 1955 a 1959 entró en el país alrededor de medio millón de mexicanos por año, con un número exacto que fluctuaba alrededor de los 450.000 trabajadores temporales bajo el Programa Bracero y casi 50.000 residentes permanentes. Con estas cifras, era evidente que el hecho de suprimir el Programa Bracero derivaría en graves consecuencias sobre el flujo de personas entre México y Estados Unidos. Menos evidente, pero también importante, era el hecho de que las Enmiendas de 1965³ a la vez que abolían las cuotas discriminatorias por orígenes nacionales, imponían límites numéricos a la inmigración proveniente del continente americano por primera vez, ajustando a un tope hemisférico de 120.000 visados en 1968. En 1976, la inmigración proveniente de todos los países del hemisferio occidental se limitó a 20.000 visados anuales. El Congreso abolió en 1978 los límites por hemisferio y en 1980 redujo el número de visados para todo el mundo a 270.000.

Como resultado, desde finales de los años 1950 hasta el final de los años 1970, México pasó de tener acceso a unos 450.000 visados temporales de trabajo y, en teoría, de un número ilimitado de visados de residencia (en la práctica alrededor de 50.000 por año), a una nueva situación en la que no existían más visados de trabajo temporal y únicamente 20.000 visados de residencia. La figura 1 ilustra el efecto predecible de estos nuevos límites en el sistema de inmigración de mexicanos desarrollado durante la época del Programa Bracero. Dicha figura muestra la entrada de mexicanos en Estados Unidos durante el periodo de 1955 a 1995 bajo tres categorías legales: inmigrantes temporales (Braceros antes de 1965 y con otros visados temporales posteriormente); inmigrantes legales (con visados de residencia permanente) e inmigrantes ilegales (representados aquí por la cifra anual de detenciones por cada mil agentes de la Patrulla Fronteriza). Es evidente que el recuento de detenciones es un indicador imperfecto del volumen de la inmigración ilegal pero ofrece, sin embargo, una medida razonable del flujo una vez controlados los esfuerzos por aplicar la ley, lo que se logró dividiendo el número de extranjeros detenidos por el número de agentes de la Patrulla Fronteriza (que los rastreaban).

Figura 1. Migración de México a Estados Unidos en tres categorías diferentes.

Fuente: Office of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm

Con los esfuerzos por aplicar la ley ya estandarizados, las tendencias en las detenciones reflejan principalmente los cambios en el volumen de ingresos de indocumentados a lo largo del tiempo. Es cierto que cuando comparamos esta serie con un estimación independiente del flujo bruto anual de inmigrantes indocumentados mexicanos derivado del Mexican Migration Project (descrito más adelante), se obtuvo la correlación de 0.767. A mediados de los años 1960 un flujo circular masivo de inmigrantes mexicanos se había establecido firmemente en las prácticas patronales y era sostenido por redes de inmigrantes bien construidas y ampliamente accesibles a ellos (Massey, Durand, y Malone 2002). Como resultado, cuando en 1965 se cortaron de raíz las rutas legales de entrada, los flujos migratorios no desaparecieron sino que simplemente continuaron con otras características, sin ningún tipo de autorización ni documentos.

Como se muestra en la figura 1, el final del Programa Bracero corresponde exactamente al aumento de la inmigración ilegal. Desde una cifra aproximada de detenciones de 40.000 en 1965 por cada mil agentes, aumentó continuamente a un máximo aproximado de 460.000 en 1977. Posteriormente, entre 1978 y 1986 empezó a fluctuar entre 330.000 y 460.000 detenciones para después caer el intervalo a 240.000–320.000 detenciones anuales tras la aprobación de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) en 1986. La IRCA ofreció un estatus legal a millones de indocumentados, quienes con anterioridad cruzaban constantemente la frontera de un lado al otro, contribuyendo al recuento anual de detenciones.

En resumen, la migración ilegal aumentó después de 1965 no por causa de una oleada de inmigración de mexicanos en sí misma, sino a causa de haber cancelado el programa de trabajo temporal y haber restringido el número de visados permanentes de residencia a 20.000, dejando sin una vía legal a los flujos ya bien establecidos. La inmigración legal anual proveniente de México permaneció por debajo de 50.000 hasta el inicio de los años 1970 pero a partir de entonces empezó a fluctuar entre 50.000 y 100.000 inmigrantes anuales. El número de inmigrantes legales pudo exceder el tope de 20.000 establecido por ley ya que los padres, las esposas y los hijos menores de ciudadanos de los Estados Unidos estaban exentos de cualquier tipo de limitación numérica; sin embargo, esta exención era insuficiente para absorber la demanda de visados de entrada originada por la finalización del Programa Bracero.

En las series de inmigración legal hemos dejado de lado los inmigrantes legalizados bajo la IRCA, lo que abultó artificialmente la cifra de inmigrantes legales entre 1988 y 1992. Su entrada ya está recogida en la serie de inmigración ilegal. El objetivo principal de la figura 1 es mostrar que, debido a la falta de una ruta de entrada legal, el incremento de la inmigración ilegal posterior a 1965 puede atribuirse casi totalmente a la finalización del Programa Bracero, y una vez que el statu quo de inmigración circular se había restablecido bajo la forma de indocumentados a finales de los años 1970, el crecimiento de la migración ilegal se detuvo para finalmente descender tras la iniciativa de regularización de la IRCA.

El surgimiento de la narrativa de la amenaza latina

El aumento de la migración ilegal de 1965 hasta el final de los años 1970 es de vital importancia para entender la dinámica de la migración ilegal en los años siguientes porque este desarrollo hizo posible que los activistas políticos y la burocracia empresarial encuadraran la inmigración de latinos como una amenaza grave para la nación. Chávez (2001, 2008) ha documentado el surgimiento de lo que él llama la “narrativa de la amenaza latina” en los medios de información americanos después de los años 1960. Cuando revisó las portadas de las revistas sobre la inmigración para clasificarlas como positivas, negativas o neutrales, encontró un incremento sostenido de representaciones negativas a lo largo de los años 1970, 1980 y 1990. El aumento en la narrativa de la amenaza latina se llevó a cabo, desde luego, en una época de incremento de la desigualdad en los ingresos y, como señala Fiske (2011:89), “el sentirse despojado en lo individual… puede alertar a una persona a sentirse despojada colectivamente… [y] este sentir colectivo conduce a culpar a los grupos de extraños (inmigrantes, élites económicas, el partido en el poder)”.

La descripción más común y negativa mostró la inmigración como una “crisis” para la nación. Al inicio se utilizaron metáforas marinas para representar, de manera despectiva, el debate de la crisis sobre la inmigración de latinos como “aumento de la marea” o una “crecida” que iba a “inundar” Estados Unidos y “ahogar” su cultura a la vez de “abarrotar” la sociedad americana con extranjeros indeseados (Santa Ana, 2002). Con el tiempo, sin embargo, las metáforas marinas dieron paso al imaginario bélico, representándola como una “invasión” en la cual los agentes “desarmados” de la Patrulla Fronteriza buscaban “contener la línea” en un intento en vano por “defender” la frontera en contra de los “ataques” de los “invasores extranjeros” quienes efectuaban “ataques suicidas” a defensores inermes (Nevins, 2001; Santa Ana, 2002; Chávez, 2008).

Para constatar el aumento en el uso de estas metáforas, acudimos a los archivos del periódico Proquest Historical para buscar ejemplos en los que las palabras “indocumentados”, “ilegales” o “no autorizados” se emparejaban con “México” o “inmigrantes mexicanos”, y con las palabras “crisis”, “flujo” o “invasión”. Concentramos nuestro análisis en cuatro de los periódicos más importantes del país: The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y Los Angeles Times. Para controlar los efectos aleatorios y aislar las tendencias subyacentes, calculamos medias móviles de tres años de las frecuencias resultantes para trazar los resultados en la figura 2. Puede observarse que en 1965 casi no existía el uso de metáforas negativas para describir la inmigración de mexicanos, al menos en la mayoría de los periódicos, pero a partir de ese año aumentaron sistemáticamente, al principio con lentitud pero a partir de los 1970 con más rapidez y alcanzar su máximo al final de los años 1970, casi al mismo tiempo en que la migración ilegal alcanzara su máximo. Efectivamente, entre 1965 y 1977 la correlación entre la serie de inmigración ilegal mostrada en la figura 1 y la serie de metáforas negativas mostrada en la figura 2, es de 0.911.

Figura 2. Frecuencia de aparejar los términos inundar, crisis, o invasión con inmigración en cuatro importantes diarios (medias móviles de tres años).

Fuente: Elaboración propia a partir de archivos de Proquest Historical Newspaper Files.

Las autoridades de inmigración catalogaron la inmigración como “crisis” y difundieron ampliamente el uso del imaginario bélico. Por ejemplo, en 1976, el Comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) publicó un artículo en Reader’s Digest intitulado “Ilegal Aliens: Time to Call a Halt!”, en el que alertaba a los americanos sobre “cuando me convertí en el comisionado [del INS] en 1973, no contábamos con vehículos, teníamos poco presupuesto y nos enfrentábamos con una creciente y silenciosa invasión de extranjeros ilegales. A pesar de nuestros esfuerzos, el problema -crítico en aquel momento- hoy amenaza en convertirse en un desastre nacional” (Chapman 1976:188). Igualmente, el Jefe del Sector San Diego de la Patrulla Fronteriza, Gustavo de la Viña, filmó y exhibió en 1992 un video titulado “Border Under Siege” en el que se mostraba una dramática escena en la que inmigrantes apiñados en automóviles entorpecían el tráfico en la carretera Interestatal 5 para entrar a Estados Unidos por San Ysidro sin ningún tipo de inspección, en ese momento el punto de entrada más transitado (Rotella, 1998).

Los políticos descubrieron de inmediato las ventajas de satanizar a los inmigrantes latinos. Ronald Reagan, por ejemplo, aseveró que la inmigración ilegal era una cuestión de “seguridad nacional”, y en un discurso en 1986 dijo a los americanos que “terroristas y subversivos se encuentran a dos días de viaje en automóvil de [la frontera que cruza a] Harlingen, Texas” (citado en Kamen, 1990). El gobernador de California, Pete Wilson, en su campaña para buscar la reelección de 1992 fue llamado a Washington para “detener la invasión” y tomó prestado partes del video “Border Under Siege” para publicar una serie de anuncios sobre ataques. Cuando se mostraban las imágenes de los inmigrantes corriendo y escabulléndose entre los automóviles, el locutor decía “siguen llegando. Dos millones de inmigrantes ilegales a California. El gobierno federal no los puede detener en la frontera y aun así debemos pagar millones de dólares por hacernos cargo de ellos” (Massey, Durand y Malone, 2002).

En años posteriores, los expertos se unieron al coro en contra de los inmigrantes para atraer la atención y vender sus libros, con Lou Dobbs (2006) refiriéndose a la “invasión de extranjeros ilegales” como parte de una “guerra contra la clase media” más generalizada. Patrick Buchanan (2006) la amplió como parte de un “Complot Aztlán” maquinado por los mexicanos para recuperar los territorios perdidos en 1848, diciendo que “si no tomamos el control de nuestras fronteras y detenemos la invasión más grande de la historia, veo la disolución de Estados Unidos con la pérdida del sur del país” (Time, 28 de agosto, p. 6). Samuel Huntington (2004), desde su encumbrada silla de Harvard advirtió a los americanos que “la entrada constante de los inmigrantes hispanos amenaza con dividir Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas, dos idiomas… Estados Unidos ignora este desafío a su propio riesgo”.

Efectos sobre la opinión pública

El cambio en las medidas legales de la inmigración de mexicanos transformó lo que había sido durante largo tiempo una circulación invisible de inofensivos inmigrantes braceros en una violación a la soberanía de Estados Unidos por invasores y criminales extranjeros, que cada año iba en aumento. La inclemente propaganda que acompañó este cambio tuvo un efecto poderoso en la opinión pública, convirtiéndola claramente en más conservadora no sólo en los temas relacionados con la inmigración, sino también por lo que respecta a los temas sociales de manera más general. El crecimiento de la inmigración de ilegales aún no se reconoce como factor en el cambio de rumbo hacia posiciones más conservadoras en la opinión del pueblo americano. Para apoyar esta idea se extrajo información de la General Social Survey (GSS) desde su inicio en 1972 hasta la fecha y estimamos el efecto que la cifra de detenciones en la frontera tuvo sobre la probabilidad de que un encuestado se definiera a sí mismo como conservador, controlando por características demográficas, sociales y económicas individuales, así como por el clima económico de la nación en su conjunto (medido en términos de ingresos esperados, o la probabilidad anual de empleo multiplicada por el ingreso promedio semanal en dólares estadounidenses de 2010). Utilizamos el total de detenciones en vez de las detenciones estandarizadas (por ejemplo, detenciones divididas por agentes) porque se trata de una estadística difundida con regularidad en la prensa y pregonada una y otra vez por los actores políticos y la burocracia empresarial para movilizar los distritos electorales y asegurar su poder e influencia.

Como muestra la tabla 1, las detenciones en la frontera ejercen un efecto poderoso sobre la probabilidad de identificarse a sí mismo como conservador. Al aumentar la cifra de detenciones de su mínimo a su máximo casi se duplican las probabilidades de que un encuestado se identifique como conservador, manteniendo constante un conjunto diverso de características básicas y el clima económico en general. En el curso del análisis descrito a continuación utilizamos, entonces, el porcentaje de quienes se identifican como conservadores para indicar el alcance de la reacción en contra de los inmigrantes en un año dado. Lo ideal habría sido medir directamente los sentimientos de exclusión, pero la encuesta (GSS) incluyó únicamente preguntas detalladas sobre las actitudes hacia la inmigración en 1996 y 2004.

Tabla 1.

Modelo de regresión logística que predice el efecto de las detenciones sobre la probabilidad de identificarse como conservador. Respuestas de la General Social Survey (1972–2010)

Variables independientes	B	SE
Antecedente demográfico
Edad	0,0113**	0,0035
Edad al cuadrado	0,0000	0,0000
Mujer	−0,1818***	0,0215
Blanco	0,3532***	0,0287
Nacido en Estados Unidos	0,0139	0,0289
Casado en la actualidad	0,2479***	0,0214
Menores en el hogar	0,0552***	0,0094
Antecedentes socioeconómicos
Educación	0,0329***	0,0037
Ingresos	0,0021***	0,0003
Antecedentes ocupacionales
Ocupación calificada	——	——
Ocupación profesional	−0,0422	0,0273
Ocupación en servicios	0,0269	0,0250
Ocupación en la agricultura	0,0365	0,0676
Región de Estados Unidos
Occidente	——	——
Noreste	−0,2168***	0,0323
Medio oeste	−0,0218	0,0295
Sur	0,1734***	0,0279
Tamaño de la ciudad
Rural ––
Ciudad urbana grande	−0,2395***	0,0412
Ciudad urbana media	−0,1140***	0,0309
Ciudad urbana pequeña	−0,0078	0,0240
Contexto económico en Estados Unidos
Ingresos esperados	−0,0027***	0,0004
Contexto de políticas en Estados Unidos
Detenciones a mexicanos	0,1680***	0,0315
Logaritmo de verosimilitud	1263,2685
Chi-cuadrado de Wald	1189,8908***
Número de observaciones	51,981

^*p<0,10;

^**p<0,05;

^***p<0,001

En la tabla 2 se utiliza la información de estos años para documentar la fuerte asociación entre el conservadurismo y el apoyo a las políticas de exclusión hacia los inmigrantes. Empezamos por desarrollar un índice de apoyo a las políticas de exclusión hacia los inmigrantes al combinar las respuestas de los encuestados a dos preguntas sobre el grado de acuerdo con el enunciado de “Los americanos deberían excluir a los inmigrantes ilegales”, y si pensaban que “La cifra actual de inmigrantes debería aumentar o disminuir”. Las respuestas para la primera pregunta se catalogaron en: 4) de acuerdo totalmente; 3) de acuerdo; 2) ni de acuerdo ni en desacuerdo: 1) en desacuerdo; 0) en desacuerdo totalmente. Las respuestas a la segunda pregunta fueron: 0) aumentó mucho; 1) aumentó poco; 2) permanece igual: 3) se redujo un poco, y 4) se redujo bastante. Al combinar las respuestas de las dos preguntas se llegó a una escala de 0–8 en apoyo a las políticas de exclusión. Luego calculamos una regresión de mínimos cuadrados (OLS regression) que expresaba el nivel de apoyo a las políticas de exclusión como una función del grado de auto-identificación conservadora, controlando por el clima económico y características demográficas sociales y económicas individuales.

Tabla 2.

Modelo que predice el apoyo a las políticas de restricción a la inmigración en 1996 y 2004 desde una identificación conservadora: General Social Survey

Variables independientes	B	SE
Antecedentes demográficos
Edad	0,0351**	0,0138
Edad al cuadrado	−0,0002*	0,0001
Mujer	−0,1113	0,0918
Blanco	0,5176**	0,1597
Casado en la actualidad	0,2474**	0,1094
Menores en el hogar	−0,0150	0,0403
Antecedente socioeconómico
Educación	−0,0793***	0,0183
Capital humano específico
Ingreso (× 1.000)	−0,0016	0,0013
Antecedente ocupacional
Ocupación calificada	——	——
Ocupación profesional	−0,1017	0,0885
Ocupación en servicios	0,0235	0,0852
Ocupación en la agricultura	−0,0526	0,3130
Región de Estados Unidos
Occidente	——	——
Noreste	0,1012	0,1512
Medio oeste	0,1187	0,0982
Sur	0,2608**	0,1062
Tamaño de la ciudad
Rural	-------	-------
Ciudad urbana grande	−0,3992**	0,1667
Ciudad urbana media	−0,1258	0,0784
Ciudad urbana pequeña	−0,1302	0,1056
Identificación política
No conservadora	——	——
Algo conservadora	0,3959***	0,1018
Extremadamente conservadora	0,5572**	0,1520
R cuadrado ajustado	0,037
Prueba F	11,47***
Número de observaciones	5,194

^*p<0,10;

^**p<0,05;

^***p<0,001

Como puede observarse, cuanto más se identifique una persona como conservadora es más probable que apoye las políticas de restricción a la inmigración. Quienes se identificaron como conservadores moderados tienen un valor en el índice de exclusión de 0.40 puntos más grande que quienes no se identificaron como conservadores, mientras que aquellos que se identificaron como extremadamente conservadores tienen un valor que es 0.56 puntos más elevado. Ambos efectos son igualmente significativos y continúan persistiendo a pesar de los controles de la edad (asociado con el incremento del apoyo a la exclusión), ser blanco (también apoyo incrementado), educación (apoyo reducido), residencia en el sur (apoyo incrementado) y, residencia en grandes áreas urbanas (apoyo reducido). El punto central es que el sentir general de conservadurismo y de exclusión están fuertemente relacionados.

Efectos sobre las políticas públicas

En esta sección se muestra que el aumento de la amenaza latina en la narrativa y el aumento consecuente en el conservadurismo estuvo asociado en el tiempo con la aprobación de las leyes de restricción a la inmigración, que iban en aumento, y la puesta en marcha de políticas para aplicar la ley aún más rigurosas. La tabla 3 ofrece un listado acumulado de 15 proyectos de ley aprobados que restringen la inmigración entre 1965 y 2010. Como se observa, y conforme transcurre el tiempo, los proyectos de ley sobre restricciones se aprueban a un ritmo extraordinariamente acelerado. Por ejemplo, en treinta años, de 1965 a 1995, se aprobaron únicamente seis proyectos importantes de ley, pero de 1996 a 2006, solamente ocho. La actividad legislativa contra los inmigrantes empezó a acelerarse en los años 1990 e iba acompañada del lanzamiento de un conjunto de operaciones especiales de las autoridades legislativas, que empezó con la Operation Blockade en 1993 y terminó más recientemente con la Operation Cooper Cactus en 2010. Como se muestra en la tabla 4, durante ese periodo se lanzaron un total de 16 de las llamadas operaciones para aplicar la ley, que por lo general se anunciaban a bombo y platillo, incluida la divulgación oficial, comunicados de prensa y extensa cobertura por parte de los medios de información. Con el tiempo, estas operaciones se han ido generalizando cada vez más y han llegado a cubrir diversas localidades dentro de Estados Unidos y la zona fronteriza entre México y Estados Unidos.

Tabla 3.

Legislación de restricción a la inmigración aprobada por el Congreso en contra de los latinoamericanos (1965–2010)

1965	Hart-Cellar Act
	Límite de 120.000 visas para inmigrantes del hemisferio occidental impuesto por vez primera.
1976	Amendments to Immigration and Nationality Act
	Coloca al hemisferio occidental como sistema preferente con cuotas por país.
1978	Amendments to Immigration and Nationality Act
	Combinación de límites separados en los hemisferios a un tope de 290.000 a nivel mundial.
1980	Refugee Act
	Abolición de la preferencia de refugiado y reducción a un límite de 270.000 a nivel mundial.
1986	Immigration Reform and Control Act
	Castigo por emplear indocumentados y autorización para expandir la Patrulla Fronteriza.
1990	Amendments to the Immigration and Nationality Act
	Estableció los límites a visas dirigidas a esposas e hijos menores de extranjeros residentes.
1996	Antiterrorism and Effective Death Penalty Act
	Autorización expedita para expulsar extranjeros y deportación por agravio criminal.
1996	Illegal Immigrant Reform and Immigrant Responsibility Act
	Aumento de recursos para ejercer la ley en la frontera, criterios cerrados para otorgar asilo y aumento en el mínimo de ingresos para hacerse cargo de inmigrantes.
1996	Personal Responsibility and Work Opportunity Act
	Declaración para migrantes legales e ilegales como no aptos para llevar a cabo ciertas actividades.
1997	Nicaraguan and Central American Relief Act
	Autorización de EUA para otorgar asilo a centroamericanos (mayormente, nicaragüenses), por lo menos durante cinco años a partir del 1 de enero de 1995, para obtener su residencia legal; pero se prohíbe la legalización con orden de deportación para quienes no cuenten con una visa vigente o para quienes hayan violado con anterioridad las leyes de migración de EUA (en su mayoría, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos).
2001	USA Patriot Act
	Establecido por el Department of Homeland Security, aumento de fondos para vigilancia y deportación de extranjeros; autorización para deportar extranjeros sin un proceso legal.
2004	National Intelligence Reform and Terrorism Protection Act
	Equipo nuevo, aviones, agentes de Patrulla Fronteriza, personal para investigar a los migrantes y centros de detención por violar la ley en la frontera.
2005	Real ID Act
	Aumento de innumerables solicitudes de información, documentación y procedimientos de verificación en la emisión de licencias de manejo estatales.
2006	Secure Fence Act
	Autorización para construir bardas adicionales, barreras para vehículos, puntos de revisión, alumbrado y fondos para cámaras nuevas, colocar satélites y sirenas en despoblado a lo largo de la frontera.
2010	Border Security Act
	Fondos para contratar a 3.000 agentes más de la Patrulla Fronteriza, con lo cual se aumenta su presupuesto a 244 millones de dólares.

Tabla 4.

Emisión de operaciones restrictivas para ejercer la ley migratoria por el Immigration and Naturalizacion Service y por el Homeland Security (1990–2010)

1993	Operation Blockade
	Militarización de la Patrulla Fronteriza (BP) del sector de El Paso.
1994	Operation Gatekeeper
	Militarización de la BP del sector de San Diego.
1998	Operation Rio Grande
	Programa de la BP para restringir el movimiento de migrantes de Texas y Nuevo México en la frontera con México.
1999	Operation Safeguard
	Militarización de la BP del sector de Tucson.
2003	Operation Endgame
	Plan lanzado por Immigration and Customs Enforcement para detener y deportar a extranjeros removibles y «sospechosos de terrorismo» que viven en Estados Unidos.
2004	Operation Frontline
	Programa lanzado por Immigration and Customs Enforcement (ICE) dirigido a «puntos vulnerables en inmigración y comercio», enfocándose en quienes violan la inmigración con el fin de «aumentar la seguridad pública o [evitar] una amenaza a la seguridad nacional».
2004	Arizona Border Control Initiative
	Organismo múltiple de apoyo en los esfuerzos de la Homeland Security en su misión para combatir el terrorismo, detectando, arrestando y frenando a todos aquellos involucrados en actividades ilícitas en el cruce de la frontera.
2004	Operation Stonegarden
	Programa federal administrado por el State Homeland Security Grant Program, que otorga fondos a los estados y a los organismos locales, con el fin de mejorar el cumplimiento de la ley migratoria.
2005	Secure Borders Initiative
	Plan que comprende varios años, lanzado por el ICE para asegurar las fronteras de EUA y reducir la migración de ilegales.
2005	Operation Streamline
	Decreto que ordena cargos de orden criminal a ilegales aún en su primera infracción.
2006	Operation Return to Sender
	Operación del ICE para devolver inmigrantes detenidos hacia México sin derecho a juicio.
2006	Operation Jump Start
	Programa que autoriza el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional de EUA a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
2007	Secure Communities Program
	Programa del ICE que identifica y deporta extranjeros criminales arrestados por autoridades estatales y municipales.
2007	Operation Rapid REPAT
	Programa Remove Eligible Parolees Accepted for Transfer, que permite a extranjeros encarcelados en EUA aceptar su libertad anticipada a cambio de la deportación voluntaria.
2008	Operation Scheduled Departure
	Programa del ICE que posibilita la deportación voluntaria de 457.000 migrantes ilegales de ciudades elegidas.
2010	Operation Copper Cactus
	Despliegue de las tropas de la Arizona National Guard para ayudar a la BP en la detención de migrantes ilegales.

La acumulación sostenida y acelerada de leyes contra los inmigrantes, al igual que las operaciones para aplicar la ley fueron las responsables inmediatas de la escalada masiva de detenciones en la frontera y en el territorio estadounidense, y de las deportaciones (mencionadas al inicio de este trabajo), las que en conjunto constituyen el objetivo de la guerra contra los migrantes. Estos aumentos garantizan un buen número de detenciones cada año, sin tomar en cuenta el tráfico migratorio subyacente. Para un número dado de ingreso de indocumentados, surge una legislación más restrictiva y operaciones para aplicar la ley más rigurosas que generan a su vez más detenciones, utilizadas por los políticos y los funcionarios para exacerbar la opinión pública, lo que lleva a que los votantes exijan leyes aún más restrictivas, más operaciones para aplicar la ley, más detenciones y así lograr un proceso de retroalimentación circular.

En resumen, el aumento de la inmigración ilegal, su formulación como una amenaza a la nación y el resultado de la reacción conservadora dio lugar a una cadena de reacción retroalimentada de aplicación de la ley, que generó más detenciones aunque el flujo real de inmigrantes indocumentados se había estabilizado al final de los años 1970 y había descendido en los 1980 y 1990. En otras palabras, la “invasión” de inmigrantes indocumentados estuvo maquinada, básicamente por las políticas de Estados Unidos, con un fuerte respaldo por parte de políticos oportunistas que buscaban movilizar a los votantes, de funcionarios ambiciosos en obtener recursos, y de medios de información sensacionalistas que buscaban una historia que vender. El único problema es que la historia no era cierta.

Las dimensiones de esta paradoja se ilustran en la figura 3, que contrasta las entradas ilegales estimadas con el total de detenciones. Cuando estandarizamos según los esfuerzos por aplicar la ley observamos el aumento de la migración ilegal de 1965 a 1977 en la medida en que se restablece la circulación de la Era Bracero, niveles que descienden a partir de entonces y fluctúan hasta finalmente caer. En contraste, la cifra total de detenciones se mantiene al alza a un ritmo acelerado, para alcanzar 1.6 millones en 1986 antes de descender a alrededor de 900.000 y luego acelerar su crecimiento hasta los 1.3 millones en 1995. Como es de esperar, la variación temporal en la cifra total de detenciones se relaciona con el uso de metáforas amenazantes sobre la inmigración. De 1965 a 1995, la correlación entre la frecuencia de alusiones en la prensa a crisis, inundaciones e invasiones, y la cifra total de detenciones es de 0.956.

Figura 3. Detenciones versus migrantes ilegales.

Fuente: Office of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm

Después de 1970, por lo tanto, la histeria contra los migrantes se retroalimentaba más y más para llevar a la maquinaria burocrática de aplicación de la ley hacia nuevos horizontes, a pesar de que no se producía un aumento real en la inmigración ilegal. En la figura 4 se modela esta trayectoria dependiente utilizando una estrategia de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas sobre series de tiempo para un periodo de 30 años, de 1965 a 1995. La información sobre detenciones, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, el volumen del presupuesto de la Patrulla Fronteriza y el número de horas de vigilancia en la línea fronteriza se obtuvo de la Office of Immigration Statistics of the U.S. Department of Homeland Security (2012). La cifra de proyectos de leyes restrictivas aprobados y las operaciones restrictivas puestas en marcha se codifican a partir de los Cuadros 3 y 4 y se indexaron como el total acumulado de leyes y de operaciones promulgadas en el año en cuestión.

Figura 4. Ciclo de retroalimentación entre detenciones y aplicación de la ley en la frontera 1965–1995.

Fuente: Tabla A1 en Douglas S. Massey y Karen A. Pren (2012), “Unintended consequences of US Immigration Policy: Explaining the post-1965 surge from Latin America”, Population and Development Review, 38 (1): 1–29

El número de entradas de indocumentados se estimó de manera independiente utilizando la información de historias de vida obtenidas del jefe de familia por el Mexican Migration Project (MMP), un estudio binacional que entrevista anualmente a mexicanos en ambos lados de la frontera y utiliza la información obtenida para generar una base de datos acumulativa sobre patrones y procesos de migración de migrantes documentados e indocumentados (http://mmp.opr.princeton.edu/). En el momento de escribir este trabajo la base de datos contiene 21.475 historias de vida de jefes de familia, y cada caso incluye una historia completa de migración que puede ser utilizada para calcular las probabilidades anuales de inmigración ilegal (ver Massey, Durand, y Pren 2009). Aplicamos esta estimación de probabilidades al recuento anual de población derivado del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México para estimar el flujo anual bruto de inmigrantes ilegales.

La cifra de entradas de indocumentados es un proceso exógeno al sistema de ecuaciones que define el ciclo de retroalimentación de políticas y ofrece, así, un instrumento adecuado para estimar este ciclo. La cadena causal empieza con el aumento de entradas de indocumentados, lo que genera más detenciones, lo que a su vez se transforma en una reacción conservadora contra los inmigrantes a través de las maquinaciones de la burocracia empresarial y funcionarios ambiciosos, reacción que origina, a su vez, leyes de inmigración más restrictivas y más operaciones en la frontera, que aumentan el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y el volumen del presupuesto de la misma, originando más horas de vigilancia en la frontera y más detenciones. De esta manera, se realimenta el sistema para aumentar la reacción conservadora independientemente del número real de entradas ilegales.

Como se muestra en la figura 4 el efecto de las entradas ilegales en el sentido de producir una reacción conservadora es de 0.848, cifra obtenida mediante la variable interviniente de detenciones (0.905*0.937=0.848), que hace más visibles las entradas clandestinas presentadas por los políticos como una amenaza, produciendo una reacción conservadora que por sí misma induce una cadena de respuestas a las políticas establecidas que se acumulan a un efecto total sobre la reacción conservadora de 0.691. Si bien este efecto de retroalimentación no es tan poderoso como el efecto exógeno de entradas (0.845) es, sin embargo, lo suficientemente fuerte como para sostener un incremento en detenciones aun cuando las entradas sean constantes o ligeramente a la baja. De las dos trayectorias principales –la superior con una legislación restrictiva y la inferior con operaciones restrictivas en la frontera- la primera es con mucho la más fuerte, 0.626, suponiendo el 90% del efecto total de retroalimentación. Por lo tanto, las detenciones producen una reacción conservadora que lleva a una legislación restrictiva que aumenta el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, con más horas de vigilancia en la frontera que generan más detenciones, lo que aviva la reacción conservadora.

El resultado final de este ciclo de retroalimentación se señala en la figura 5, que muestra tres indicadores de intensidad de la aplicación de la ley en la frontera relativa al número de detenciones estandarizadas, nuestro indicador del tráfico subyacente de inmigrantes ilegales. Cada serie está dividida por su valor en 1977, año en el que la inmigración de indocumentados alcanzó su máximo nivel. Mientras que el número relativo de detenciones por mil agentes empezó a aumentar al final de los años 1950 para alcanzar 1.0 en 1977, y fluctuó a partir de entonces alrededor de 1 antes de caer por debajo de este valor, después de 1977 se duplicó el número de horas de vigilancia, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza aumentó en 2.5 veces y, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza se multiplicó por 6.5. Durante y después de los años 1970, por decirlo en otras palabras, la militarización de la frontera estaba cada vez más desconectada del tráfico real de migrantes ilegales.

Figura 5. Intensidad de la aplicación de la ley 1965–1995.

Fuente: Office of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm

Efecto de la guerra contra el terror

El ciclo de retroalimentación que conecta detenciones, actitudes del público, legislación y aplicación de la ley migratoria estaba plenamente establecido alrededor de los años 1990 cuando una serie de sucesos externos llevó a este ciclo de aplicación de la ley a otro nivel. Los graves ataques terroristas desencadenados en los años 1990 e inicio de los 2000 ayudaron a transformar la primera década del siglo XXI en una era de miedo e inseguridad en Estados Unidos. No hay duda que ya antes de los años 1990 existía un amplio temor material e ideológico por la ola visible de ataques terroristas y con blancos políticos iniciados en 1993, que llevaron consigo la histeria contra los extranjeros y la xenofobia a nuevos niveles. En respuesta al ataque de 1993 en el World Trade Center y en 1995 a la explosión de una bomba en el Murrah Federal Building en la ciudad de Oklahoma, el Congreso autorizó en 1996 el Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, el Illegal Immigrant Reform y el Immigrant Responsibility Act. Posteriormente, el ataque en 1998 al USS Cole en Yemen, los atentados a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en el año 2000, y los catastróficos ataques al World Trade Center y al Pentágono en 2001, el Congreso puso en marcha el USA PATRIOT Act.

Estas medidas no sólo reforzaron la aplicación de la ley en la frontera, que iba en ascenso desde hacía tiempo, sino que propiciaron un aumento importante de arrestos, detenciones y deportaciones dentro de Estados Unidos. Ya antes de 1996, las actividades internas para aplicar la ley no habían jugado un papel importante en la guerra contra los inmigrantes; estas actividades aumentaron con posterioridad a niveles no vistos desde las campañas de deportación de la Gran Depresión (Hoffman 1974; Balderrama 1995; Kanstroom 2007). La fusión de la guerra contra el terror con la guerra contra los inmigrantes se indica en la figura 6, que muestra las deportaciones año a año desde 1965 hasta 2009 (U.S. Department of Homeland Security, 2012). Durante décadas y hasta mediados de los años 1990 la cifra anual de deportaciones no había excedido las 50.000, pero la aprobación de la legislación de 1996 hizo que se traspasara este umbral y al final del siglo las deportaciones ascendían a casi 200.000 por año. Con la autorización del PATRIOT Act a finales de 2001, aumentaron las deportaciones de manera acelerada y casi alcanzaron las 400.000 en 2009. Desde luego que en los ataques terroristas no participó ninguna persona de México y ninguno de los terroristas entró por México. No hay duda que llegaron a Estados Unidos con visados legales, pero, como muestra con claridad la figura 6, los mexicanos fueron los más afectados por la campaña de deportaciones lanzada en nombre de la guerra contra el terror, constituyendo el 72% de las personas deportadas en 2009.

Figura 6. Deportaciones desde Estados Unidos 1965–2009.

Fuente: Office of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm

El efecto desproporcionado de la campaña de deportaciones sobre los inmigrantes latinos se pone de relieve en la figura 7, que muestra la cifra de deportaciones en 2009 por países seleccionados (de nuevo datos recogidos por la Office of Immigration Statistics). A la izquierda se observan los cinco orígenes nacionales con más deportaciones, encabezados por México con 282.666 y seguido a gran distancia por Guatemala con 29.182; Honduras con 26.849; El Salvador con 20.406 y, Brasil con 3.407. En el centro mostramos las deportaciones del país de origen de los terroristas del 11-S. La cifra más elevada corresponde a Egipto con únicamente 132, una mínima fracción comparada con la de los mexicanos, y las cifras de deportaciones para Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son aún más insignificantes, 17 y 3 respectivamente. A la derecha se observan las frecuencias de deportaciones para otros países por lo general ligados al terrorismo, incluyendo Indonesia (352), Pakistán (315), Yemen (48), Irán (42), Siria (31), Irak (31), Afganistán (17), Kuwait (10) y Libia (0). Si tenemos en cuenta todo el conjunto, el 97% del total de deportaciones en 2009 correspondía a América Latina y el Caribe, y únicamente el 3% del total a otros países. Por lo tanto, terroristas islámicos atacaron Estados Unidos el 11-S, y para mostrar a al-Qaeda nuestra solución a la guerra contra el terror empezamos a deportar a los inmigrantes de América Latina de manera masiva.

Figura 7. Deportaciones desde Estados Unidos en 2009.

Fuente: Office of Immigration Statistics, U.S. Department of Homeland Security, http://www.dhs.gov/files/statistics/immigration.shtm

La dinámica por la cual se llegó a este resultado se resume en el diagrama de flujo mostrado en la figura 8, que utiliza una estimación de series temporales de 1965 a 2009 para calcular los efectos de los dos ataques más importantes de los terroristas islámicos sobre el número de deportaciones y a través de ellos sobre la reacción conservadora, además del efecto vigente mediante detenciones en la frontera. La información del presupuesto del Servicio de Inmigración y Naturalización, y su agencia sucesora, Immigration and Customs Enforcement, se obtuvo del Homeland Security’s Office of Immigration Statistics (U.S. Department of Homeland Security, 2012) complementándolas con otras fuentes. Al indicador del ataque terrorista de 1993 le dimos un valor de 1 de 1993 en adelante y de cero en sentido contrario, mientras que el indicador del ataque terrorista de 2001 fue codificado con 1 durante 2001–2009 y de cero en fechas anteriores.

Figura 8. Ciclo de retroalimentación entre deportaciones y medidas internas para aplicar la ley.

Fuente: Tabla A1 en Douglas S. Massey y Karen A. Pren (2012), “Unintended consequences of U.S. Immigration policy: Explaining the post-1965 surge from Latin America”, Population and Development Review, 38 (1): 1–29

En este modelo, que cubre totalmente el periodo de 1965 a 2009, continúa el efecto de las detenciones pero su influencia en la reacción conservadora es ahora mucho más directa (0.806 –ver la flecha entre las detenciones y la reacción conservadora-) que indirecta a través del ciclo de retroalimentación que está efectivamente en ceros ([0.806* 0.304* −0.187* 0.886* 0.269] + [0.806* 0.006* 1.143* 0.886* 0.269] = −0.010). Además, el aumento en la cifra de detenciones no está ya conectado al aumento de deportaciones, con un efecto tamaño de únicamente −0.036 ([0.806* 0.304* −0.187* 0.886] + [0.806* 0.006* 1.143* 0.886*] = −0.036). El repunte en las detenciones se deriva principalmente de los dos ataques terroristas más importantes y la resultante legislación anti-terrorista, con los efectos respectivos de 0.236 ([0.513* −0.187* 0.886] + [0.317* 1.143* 0.886] = 0.236) y 0.615 ([0.323* −0.187* 0.866] + [0.674* 1.143* 0.866] = 0.615. Los efectos de retroalimentación de los ataques terroristas al provocar una reacción anti-inmigrantes mediante deportaciones son, también, relativamente modestos, de 0.063 para el ataque de 1993 ([0.513* −0.187* 0.886* 0.269] + [0.317* 1.143* 0.886* 0.269] = 0.063) y de 0.159 para el ataque de 2001 ([0.323* −0.187* 0.866* 0.269] + [0.674* 1.143* 0.866* 0.269] = 0.159. Si bien se trata de efectos importantes según los estándares en ciencias sociales, son insignificantes comparados con el efecto total de retroalimentación de 0.692 observado en el modelo de detenciones. El surgimiento de Estados Unidos como una nación de deportaciones (en palabras de Kanstroom, 2007) fue más un resultado de sucesos externos asociados al terrorismo islámico que un ciclo auto-repetitivo que involucró deportaciones, reacción y aplicación de la ley, como fue el caso del ciclo de detenciones.

La extraña carrera de la guerra contra los inmigrantes

En este trabajo hemos trazado la carrera paradójica de la guerra actual contra los inmigrantes reconstruyendo, irónicamente, las reformas a los derechos civiles promulgadas en 1965. Estas reformas, que eliminaron el prejuicio [racial] del sistema de inmigración, también eliminaron, inadvertidamente, las rutas legales de ingreso desde México, al colocar restricciones inmediatas a un flujo institucionalizado de cruce de frontera establecido en décadas anteriores bajo el Programa Bracero (1942–1964) y autorizado por la exención de restricciones numéricas de los países del Hemisferio Occidental bajo los Quota Acts de 1921 y 1924.

El giro de la política de Estados Unidos no cambió la demanda de trabajo de inmigrantes, como tampoco eliminó los lazos establecidos entre los antiguos braceros y los patrones estadounidenses, ni desmanteló las redes sociales surgidas para sostener tales flujos. Sin embargo, con las restricciones en las opciones de entradas legales después de 1965, los flujos migratorios bien establecidos sencillamente continuaron bajo la figura de indocumentados. La inmigración ilegal posterior a 1965 aumentó sostenidamente hasta casi restablecer el volumen de inmigración que prevalecía al final de los años 1950. Más que la cifra de inmigrantes, lo que cambió fue la categoría con la que entraban los mexicanos a Estados Unidos. En términos prácticos, Estados Unidos cambió un sistema migratorio de jure de trabajo temporal apoyado en la circulación legal de braceros y el establecimiento de un modesto número de inmigrantes legales, a un sistema apoyado de facto en la circulación ilegal de trabajadores indocumentados y un sistema más restringido de inmigrantes legales.

A pesar de que esta transformación se concluyó en gran parte a finales de los años 1970, el cambio de legales a ilegales originó consecuencias profundas en la política y en las políticas de Estados Unidos, ya que se convirtió en una herramienta de ayuda para que aspirantes políticos y funcionarios ambiciosos del país utilizaran esta inmigración como una nueva y grave amenaza a la nación. Poco había cambiado, exceptuada la categoría de entrada, pero el hecho de que la vasta mayoría de mexicanos entrara ilegalmente significó que los inmigrantes podrían ser incriminados por definición como “criminales” o “infractores” con todas las connotaciones y atributos negativos vinculados a estas etiquetas. El aumento sostenido de la inmigración ilegal desde 1965 hasta finales de los años 1970 originó lo que Chávez (2008) ha denominado “la narrativa de la amenaza latina” en los medios de comunicación de Estados Unidos, inmigración de América Latina en general y de México en particular, como una “crisis” en que se utilizaban metáforas amenazantes tanto bélicas como marinas. Día a día los inmigrantes latinos se convirtieron en un “maremoto” que amenazaba con “inundar” la sociedad de Estados Unidos, y en “invasores extranjeros” que podrían “abarrotar” y “conquistar” Estados Unidos. Es más, durante la Guerra Fría, los inmigrantes ilegales se asociaban habitualmente con espías comunistas y, después de emprender la Guerra contra el terror, con terroristas islámicos.

La imagen negativa y las alegorías en los medios de comunicación, junto con el aumento del despliegue de los actores políticos en los debates públicos, significaron un buen instrumento para construir la conciencia popular de que la inmigración ilegal era un asunto social y se fomentaron las actitudes en contra de los inmigrantes, reacción ligada íntimamente al enorme aumento del conservadurismo en Estados Unidos. Aumentaban las detenciones y los medios de comunicación hacían alarde de ello; aumentaba la identificación de los estadounidenses como conservadores y, en la medida que crecía su conservadurismo, apoyaban más y más las políticas de exclusión de la inmigración y la vigilancia de la frontera.

Así que el aumento de la inmigración indocumentada después de 1965, respaldado por el objetivo loable de eliminar el racismo del sistema de inmigración de Estados Unidos, originó consecuencias involuntarias al promover un retroceso conservador en contra de la inmigración porque transformó, inadvertidamente, un flujo legal de migrantes mexicanos bien establecido a uno amparado por la ilegalidad. Si bien el volumen de inmigración ilegal se había estabilizado al final de los años 1970, las detenciones continuaron en ascenso respaldadas por una poderosa dinámica que, a más detenciones, mayor reacción conservadora, que a su vez fomentaba acciones legislativas adicionales y administrativas restrictivas. Estas acciones, a su vez, hicieron aumentar los esfuerzos de aplicación de la ley a fin de generar aún más detenciones. Esta dinámica condujo al aumento sostenido de la aplicación de la ley y de las detenciones en la frontera durante los años 1980 y 1990, a pesar de que el volumen subyacente de inmigración ilegal había cesado de incrementar.

A pesar de que esta dinámica de retroalimentación quedó bien establecida en los años 1990, la guerra contra los inmigrantes reforzó su avance por procesos exógenos que activaron más acciones legislativas y operaciones burocráticas, lanzadas como parte de una nueva “guerra contra el terror”. Después de los ataques terroristas de 1993 y 1995, el Congreso aprobó de inmediato el Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act en 1996 y, a partir de la siguiente cascada de ataques en 1998, 2000 y 2001, promulgó el USA Patriot Act. Estos proyectos, además de alimentar el ciclo de retroalimentación de detenciones ya establecido, originaron un nuevo ciclo de retroalimentación centrado en las deportaciones y aplicación de la ley en el interior del país. La cifra de deportaciones de extranjeros después de 1996 aumentó a niveles sin precedentes, ya que en la actualidad ascienden unas 400.000 anuales, y a pesar de que éstas se ejecutaron en nombre de la guerra contra el terror, la inmensa mayoría de personas deportadas no son terroristas, sino que son personas trabajadoras y originarias de América Latina y el Caribe.

La guerra contra los inmigrantes tiene un desarrollo extraño porque 1) se originó a partir de reformas beneficiosas que intentaban eliminar el racismo del sistema de inmigración, 2) no aumentó porque entraran más inmigrantes provenientes de México sino por las condiciones de ilegalidad bajo las cuales fueron obligados a entrar, 3) alcanzaron cifras elevadas sin precedente no por el aumento del flujo de ilegales, sino por el resultado de un ciclo de detenciones que se repetía una y otra vez, reacción y aplicación de la ley, dinámica que estaba totalmente disociada de la realidad empírica subyacente y, 4) alcanzó su apogeo con una campaña de deportaciones masivas lanzada como parte de la guerra contra el terror aun cuando los mexicanos no estaban involucrados en los ataques terroristas que impulsaron tal legislación.

No sólo la guerra contra los inmigrantes tuvo un desarrollo extraño en términos de su recorrido político, legislativo y burocrático, sino que tuvo también varias consecuencias perversas y paradójicas⁴. El aumento de la aplicación la ley en la frontera y la escalada de deportaciones no fue la solución a los problemas asociados a la inmigración de indocumentados, por el contrario, los empeoró en cada instancia y agravó la escala de sus efectos. De modo que la construcción de las medidas para aplicar la ley a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos no detuvo tanto las entradas como la reducción de la migración de retorno una vez que las personas habían cruzado la línea fronteriza, y así aumentó el flujo neto de inmigrantes ilegales y elevó la tasa de asentamientos permanentes, los que a su vez desencadenaron un proceso secundario de reunificación familiar (Massey, Durand y Malone 2002). Es más, como la militarización de la frontera se concentró en su inicio en dos de los sectores con más movilidad (El Paso y San Diego), los inmigrantes ilegales se canalizaron predominantemente hacia nuevos lugares de cruce en los años siguientes, a lo largo del desierto de Sonora en la frontera con Arizona (Massey 2012), aumentando la tasa de mortalidad entre los inmigrantes (Massey, Durand y Malone 2002), y desviando los flujos de los destinos tradicionales hacia California por unos nuevos que se dirigían a todo el territorio de Estados Unidos (Massey y Capoferro 2008; Massey, Rugh y Pren 2010).

El efecto final de la guerra contra los inmigrantes fue entonces convertir lo que había sido un flujo estacional de hombres que iban a trabajar en tres estados en una población asentada de familias en 50 estados, duplicando la tasa de crecimiento de la población indocumentada y disminuyendo la tasa de retorno de la migración durante los años 1990 y la primera mitad de los años 2000 (Massey, Durand y Pren 2009). Finalmente, como el Congreso ha despojado progresivamente de beneficios sociales y derechos civiles tanto a los inmigrantes ilegales como a los inmigrantes legales (Legomsky 2000; Zolberg 2006), los residentes extranjeros permanentes han solicitado, en gran número, la naturalización como estrategia de defensa (Massey, Durand y Malone 2002). Esta estrategia es característica de los mexicanos, quienes a lo largo de la historia habían tenido tasas de adquisición de la ciudadanía norteamericana extremadamente bajas. Según la información del Yearbook of Immigration Statistics que publica cada año la Office of Immigration Statistics, del U.S. Department of Homeland Security (2012), las naturalizaciones entre los mexicanos se situaban de promedio en unas 26.500 anuales en los 13 años anteriores a 1996, mientras que en los 13 años posteriores a esa fecha la cifra ascendió a 121.400, casi cinco veces más. Este hecho es relevante porque cada nuevo ciudadano de Estados Unidos adquiere el derecho de patrocinar el ingreso de padres, esposas e hijos menores sin restricción numérica. La cifra de entradas de mexicanos avalada por parientes naturalizados en los años anteriores a 1996 ascendía a unos 34.000, pero en los años posteriores a esa fecha aumentó a 93.000 anuales.

Para decirlo sin rodeos, si la intención del congreso y las diversas administraciones en décadas pasadas fue detener la inmigración ilegal y desincentivar la inmigración legal, fallaron sus esfuerzos y, además, resultó ser una medida contraproducente porque se generó una población más grande y dispersa geográficamente de inmigrantes ilegales, que la que hubiese existido, y aumentó el número de personas candidatas que podían obtener un visado legal de residencia. Esto ha servido únicamente para agravar la reacción conservadora y anti-inmigrante elaborada por la política económica de Estados Unidos, gracias a las leyes restrictivas aprobadas y a las operaciones de aplicación de la ley lanzadas a partir de 1965. Sólo puede esperarse que los líderes políticos, el congreso y la población logren encontrar en algún punto el deseo de romper con ese ciclo destructivo y contraproducente en el cual se encuentran inmersos.